La propuesta fue desarrollada luego de varias semanas de reuniones entre el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas del sector. De acuerdo a los testimonios de funcionarios y contadores que colaboraron en el proceso de consulta, la intención es crear un entorno que incentive el sinceramiento de activos no presentados, sin arriesgar a los contribuyentes a sanciones o revisiones retroactivas.
Una de las principales innovaciones del proyecto es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que eran requisitos para acceder al Régimen de Inocencia Fiscal. Hasta ahora, solo podían participar quienes no superaran $1.000 millones anuales en ingresos o $10.000 millones en patrimonio. La nueva propuesta elimina estas restricciones y únicamente requiere la residencia fiscal argentina durante todo el período fiscal. Los contribuyentes de mayores ingresos podrán participar, aunque no recibirán la presunción de exactitud ni otros beneficios esenciales del régimen. Según el contador Andrés Edelstein, “las adhesiones van a aumentar más si se liberan los requisitos de ingreso y patrimonio”, dado que la medida amplía el potencial de beneficiarios.
El proyecto establece un plazo definido hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los individuos puedan regularizar fondos no declarados. Hasta esa fecha, será posible introducir dinero al sistema sin costo por períodos anteriores y sin que dicha regularización sirva como evidencia en contra del contribuyente. Así, el régimen ya no será “permanente” y establecerá un límite temporal, con la expectativa de que los afectados actúen en ese intervalo.
Otro punto central del proyecto es el mecanismo denominado “tapón fiscal”. ARCA dejará de tener en cuenta las variaciones patrimoniales pasadas para cuestionar el origen de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de adhesión. La normativa actual restringe que el organismo fiscalice períodos anteriores, aunque si detecta discrepancias substanciales puede activar controles. La nueva versión especifica que no se considerará significativa una diferencia menor al 5% del monto estipulado por el Régimen Penal Tributario, que actualmente asciende a unos $5 millones, ya que el delito de evasión simple se configura a partir de los $100 millones. Esta modificación busca otorgar mayor certidumbre y disminuir el margen para disputas legales.
La forma en que se abordará la discrepancia significativa ha sido uno de los temas más discutidos entre tributarios. El criterio general determina que habrá discrepancia cuando la diferencia supere el 15% de lo declarado, pero introduce una excepción importante: si la diferencia no supera el 5% del umbral penal vigente, no se considerará como tal. Además, si el contribuyente rectifica su declaración y resuelve las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, mantendrá los beneficios del régimen y no perderá la ventaja del tapón fiscal.
El proyecto también aporta una claridad vital para el mercado inmobiliario, con una nueva redacción que establece que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con las ventajas del régimen, una solicitud planteada por escribanos, desarrolladores y contribuyentes. Muchas transacciones inmobiliarias en el país aún se realizan en efectivo, y la definición oficial garantiza que esos movimientos no resulten en la pérdida automática de los beneficios, siempre que se documenten adecuadamente.
La reforma estipula que la carga de la prueba recaerá exclusivamente en ARCA, que solo podrá utilizar información declarada y disponible en sus sistemas durante la fiscalización. Cualquier otra información no tendrá validez probatoria para impugnar las declaraciones simplificadas. Asimismo, el proyecto restringe el uso de ciertas presunciones, como las relacionadas con depósitos bancarios, para cuestionar la validez de las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen.
El texto que será enviado al Congreso contempla que la adhesión al régimen se considere un antecedente favorable para bancos, escribanos y la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto influirá en los procedimientos de identificación y monitoreo de clientes por parte de las entidades financieras y otros sujetos obligados, brindando mayores garantías a quienes regularicen fondos y busquen operar en el mercado formal.
El Ejecutivo ha recibido una propuesta alternativa para reducir las multas por incumplimientos fiscales, realizada por la especialista Miriam Roldán. A pesar de que los funcionarios no dieron indicios de incorporarla al texto definitivo, la sugerencia implica que el monto de las sanciones se ajuste según la capacidad económica. Según esta propuesta, las multas para microempresas y personas físicas disminuirían un 80%; para pequeñas empresas, 60%; para medianas empresas (Tramo I), 40%; y para medianas empresas (Tramo II), 20%. La normativa actual multiplicó por 100.000% las sanciones por demoras en la presentación de declaraciones, con montos que desde diciembre han aumentado de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas; en casos agravados, las multas pueden variar entre $5 millones y $10 millones.
En este marco, ARCA reportó un notable incremento en las adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Hasta mayo, se contabilizaron 80.000 adhesiones, cifra que, tras las últimas consultas, se elevó a 330.000, aunque solo 170.000 contribuyentes han presentado la declaración jurada de Ganancias. El Gobierno decidió extender el plazo para esta presentación hasta el 27 de agosto, a la espera de la discusión parlamentaria sobre el nuevo esquema.
