La causa se inició el 3 de julio de 2016. Carolina, que en ese momento contaba con 18 años, había salido a bailar con una amiga a un local nocturno en Tafí Viejo. Según la acusación del fiscal, a las 6 de la mañana, Carolina salió del local junto a Franco Trapani, quien llamó a Álvaro Rodríguez para que se uniera a ellos. Posteriormente, los tres se dirigieron a la casa de los padres de Trapani, donde, según la denuncia, ambos hombres sometieron a Carolina a abuso sexual de manera alternada durante varias horas. Carolina afirmó que intentó resistirse, lloró y pidió que pararan hasta que finalmente logró levantarse y abandonar la casa alrededor de las 10 de la mañana, aunque no realizó la denuncia hasta tres días después, lo que llevó a que se cuestionara su decisión de no hacerlo de inmediato.
“Recuerdo que esa noche mi vida cambió para siempre. Fui víctima de un abuso sexual. Durante los días posteriores, estuve en estado de shock, con mucho miedo por las amenazas, vergüenza y confusión. No todas las víctimas pueden denunciar de inmediato; cada quien procesa un hecho traumático de manera diferente”, explicó Carolina. Señaló que tardó tres días en denunciar porque necesitaba tiempo para comprender lo sucedido y reunir valor.
El proceso judicial fue lento, con numerosas interrupciones y demoras que alargaron la causa casi hasta la década. Finalmente, en octubre de 2025, se llevó a cabo el juicio oral. Tras nueve audiencias, el juez Antonio Nicolás Gutiérrez impuso una condena de diez años a Trapani y ocho a Rodríguez como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Sin embargo, los condenados no fueron encarcelados, ya que no se dictó prisión preventiva mientras se resolvían sus apelaciones. Posteriormente, la Corte Suprema de Tucumán revocó la condena por beneficios de duda, desatando el repudio de organizaciones de derechos humanos y expertos en género, quienes cuestionaron la valoración de las pruebas y la interpretación del tribunal.
“Durante diez años sufrí no solo el trauma del abuso, sino también el desgaste de un proceso judicial interminable, lleno de revictimizaciones e incertidumbre. Enfrentar a personas con poder económico ha resultado en una lucha profundamente desigual”, comentó Carolina. La condena inicial le otorgó una sensación de justicia, pero la absolución posterior revirtió esa percepción: “Fue un golpe devastador. Siento dolor, impotencia y desilusión, no solo por mí, sino también por el mensaje que este fallo envía a quienes están considerando denunciar”, expresó.
A pesar de la adversidad, Carolina se mantiene firme en su búsqueda de justicia: “Voy a agotar todas las instancias legales. Espero que los tribunales analicen el caso con perspectiva de género y respeten las pruebas”, aseguró. Por su parte, la defensa de los acusados, representada por el abogado Alfredo Falú, sostiene que la denuncia carece de fundamento y que la absolución se debe a la falta de pruebas suficientes para romper el principio de presunción de inocencia. Falú argumenta que Carolina buscó a Trapani voluntariamente esa noche, entró a la habitación por su propia voluntad y niega la existencia de un abuso. A su juicio, la Corte actuó correctamente al respetar la presunción de inocencia y al no encontrar falta de perspectiva de género.
La Corte cuestionó la sentencia condenatoria por no abordar adecuadamente las contradicciones en las declaraciones de la denunciante, además de señalar inconsistencias en el relato y la ausencia de pruebas físicas compatibles con una violación. Se argumentó que ciertos testimonios de amigas de Carolina solo repetían lo que ella había contado y que las lesiones que describió no coincidían con los informes del médico forense.
Desde la parte querellante, Carlos Garmendia reiteró la solidez de la condena y la sorprendente rapidez con la que la Corte provincial la revocó. Destacó la existencia de múltiples pruebas que respaldaban el relato de Carolina, incluyendo informes médicos y pericias psicológicas que evidenciaban un cuadro de estrés postraumático. Garmendia planea recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán intervino en el caso presentando un amicus curiae, argumentando que la sentencia absolutoria refleja estereotipos de la cultura de la violación. Su análisis identifica cinco ejes preocupantes en la valoración del caso.
La primera crítica es la exigencia de que las víctimas actúen de cierta manera, como denunciar inmediatamente y cortar contacto con los agresores. La segunda señala una tendencia a desestimar el comportamiento previo de la denunciante como si indicara consentimiento. El tercer punto se refiere a la expectativa de lesiones físicas como única prueba de un abuso. El cuarto cuestiona la interpretación de recuerdos fragmentarios y el quinto apunta a la valoración aislada de pruebas, sin considerar el contexto integral.
“La cultura de la violación se manifiesta a través de estereotipos de género en el razonamiento judicial, creando una imagen monolítica de la violencia sexual y de quienes la sufren”, enfatizó la organización.
Desde Ni Una Menos de Tucumán se repudiaron los fallos de la Corte, recordando que, tras diez años de dilaciones, se había logrado la condena que fue luego revertida con el argumento del beneficio de la duda. Aseguran que esto sienta un precedente preocupante para otras víctimas y denuncian que los jueces cuestionaron las credenciales de Carolina y los informes médicos y psicológicos respaldatorios. También critican el tratamiento que recibió el caso en comparación con otras causas.
Mientras el expediente sigue su curso, Carolina busca reconstruir su vida: “Nunca dejé mi ciudad, lo que ha sido doloroso, ya que convivo con los recuerdos de lo sucedido y ocasionalmente me encuentro con mis abusadores”, reflexionó. Reconoció que las implicancias del proceso judicial fueron devastadoras, alterando no solo su vida sino también la de su familia. “Sostener una causa por tanto tiempo implica postergar sueños y vivir con incertidumbre, pero siempre creí que denunciar y hablar fue lo correcto.”
