Un ex secretario de Lijo será el juez del caso Insaurralde una vez finalizadas las vacaciones de invierno

Tomás Rodríguez Ponte, quien se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo, será el magistrado encargado de investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio tras el receso judicial de invierno. Su postulación, enviada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentra actualmente en el Senado, donde el 30 de julio deberá enfrentar una entrevista con los senadores antes de la votación que decidirá su aprobación. Se estima que Rodríguez Ponte contará con los votos necesarios para que su nombramiento regrese al Poder Ejecutivo, permitiendo al presidente Javier Milei formalizar su designación como juez del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En este momento, el juzgado se encuentra vacante y Luis Armella, juez federal de Quilmes, actúa como suplente. Su subrogancia se extenderá hasta el 31 de agosto, con la posibilidad de una prórroga de seis meses más. No obstante, todo apunta a que una vez finalizado el receso judicial, y al retomarse las actividades a principios de agosto, Armella se retirará del tribunal para que Rodríguez Ponte asuma su cargo. Según fuentes judiciales, no habrá avances en la causa hasta la llegada de Rodríguez Ponte, ya que Armella no tomará decisiones que involucren detenciones ni convocatorias a declaración indagatoria. “No va a tomar ninguna decisión de fondo, es una cuestión de respeto para con el juez titular, que no lo condicione”, comentó una fuente cercana al juez Armella. Rodríguez Ponte deberá enfrentar, en su nuevo rol, la decisión sobre el pedido de indagatoria de Insaurralde, así como la solicitud de detención que el fiscal Sergio Mola presentará, además de considerar el avance de la causa respecto a Jesica Cirio. Si bien Rodríguez Ponte se moverá en un contexto influenciado por los intereses del peronismo bonaerense, proviene de una línea más vinculada a la familia judicial de Comodoro Py 2002, centrada en la figura de Lijo y Ricardo Lorenzetti, lo que lo aparta de la órbita provincial. Rodríguez Ponte está casado con Alejandra Mangano, fiscal federal en Comodoro Py e hija de Alfredo Mangano, quien ha sido una figura clave de la jueza María Servini durante su larga trayectoria en el Poder Judicial. La pareja se conoció en el ámbito del fuero federal, lo que refleja el estrecho vínculo que caracteriza a la “familia judicial”. La candidatura de Rodríguez Ponte cuenta con el respaldo de Lijo, además de sus propias gestiones. No ha cesado de recorrer despachos y mantener conversaciones para asegurar la aprobación de su nombramiento por parte del Senado. Actualmente, ejerce como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un organismo dependiente de la Corte Suprema que se encarga de los peritajes y de las escuchas telefónicas en casos complejos. Recientemente, estuvo en París junto a Lijo, el juez federal Sebastián Casanello y el ministro de Justicia Mahiques, donde presentaron un informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero. Rodríguez Ponte ha sido candidato para el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora desde 2018, habiendo ganado el concurso destinado a ese puesto. En noviembre de 2018, su nombre fue enviado al Senado por el entonces presidente Mauricio Macri, aunque no fue tratado por la mayoría kirchnerista. Durante la gestión de Alberto Fernández, los pliegos de la administración anterior fueron retirados y su postulación no fue reformulada. Ahora, el gobierno de Javier Milei ha enviado al Senado el mensaje N°155/26 para formalizar su designación en el tribunal que lleva el caso Insaurralde. La trayectoria de Rodríguez Ponte en los tribunales de Comodoro Py se ha desarrollado como secretario letrado de Lijo, un vínculo que ha sido fundamental en su carrera. En 2016, tras la absorción de la Dajudeco por parte de la Corte Suprema, el entonces presidente del tribunal, Lorenzetti, lo designó como director operativo. Esta decisión subrayó la fuerte conexión entre Lorenzetti y Comodoro Py, así como su colaboración con el camarista federal Martín Irurzun, quien dirigió la Dajudeco, y Lijo. La oficina a su cargo tiene un notable peso político, ya que se encarga de interceptar comunicaciones por orden judicial en causas federales de todo el país. Durante su gestión, fue acusado por el kirchnerismo por la filtración de conversaciones de Cristina Kirchner, aunque nunca se presentó prueba que fundamentara dicha acusación; no obstante, sí fue un obstáculo para la aprobación de su pliego. El juzgado que Rodríguez Ponte asumirá es esencial, ya que abarca la supervisión de lo que sucede en la cárcel y el aeropuerto de Ezeiza, además de investigar sobre el crimen organizado en una de las regiones más sensibles del conurbano.