El empresario santacruceño tendrá que realizar el desembolso en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento que la justicia avance sobre su patrimonio
El juez federal Néstor Costabel resolvió que el ex titular de Austral Construcciones, Lázaro Antonio Báez, abone en pesos el equivalente a USD 329.237.200,14 como multa tras su condena por lavado de activos agravado, en la causa conocida como “Ruta del Dinero”.
La resolución del magistrado Costabel, a cargo de la ejecución de dicha condena, se apoya en la sentencia firme dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 28 de febrero de 2023, que ratificó la condena de 10 años de prisión a Báez como coautor del delito de lavado de activos agravado.
Dicha condena quedó firme el 29 de mayo de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del empresario y también una sanción económica de seis veces el monto de la operación ilícita.
El intento de la defensa
La defensa de Báez, a cargo de Juan Martín Villanueva, intentó frenar la ejecución de la multa, tras argumentar que la unificación de condenas dictada el pasado 11 de julio —que aún no está firme— podría modificar la situación y además, planteó la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que regula la multa para el delito de lavado de activos, por considerarla confiscatoria y violatoria de derechos fundamentales.
En ese sentido, remarcó que la suma reclamada supera ampliamente el patrimonio real de su asistido y que, sumada a decomisos y reclamos administrativos, la sanción se vuelve de cumplimiento imposible, desnaturalizando la finalidad resocializadora de la pena.
Sin embargo, el juez Costabel rechazó los argumentos por entender que “la pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza, y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”. Además remarcó que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas, ya que la sentencia original se encuentra firme y basada en autoridad de cosa juzgada.
La decisión ordena intimar a Báez a abonar la millonaria suma en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de avanzar sobre su patrimonio. El tribunal también dispuso certificar la vigencia de las medidas cautelares patrimoniales dictadas en el expediente, a fin de garantizar el cobro de la sanción.
