Según fuentes judiciales, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, quien ya había procesado a los dirigentes por retención indebida de impuestos, ha remitido a la justicia federal una denuncia que menciona un presunto esquema de lavado de activos provenientes del exterior, cuya ruta terminaba en financieras ubicadas en el microcentro de Buenos Aires.
El magistrado indicó que el delito de lavado de dinero debería ser abordado por la justicia federal y que, dada la ubicación de los sucesos denunciados, los tribunales de la ciudad de Buenos Aires son los que deben intervenir. Por sorteo, el caso quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien ahora deberá determinar si acepta o no el expediente.
Esta situación suma a las múltiples discusiones existentes sobre cuáles tribunales son competentes para tramitar las diversas causas que afectan a la AFA. Como se informó la semana pasada, estas disputas han llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la decisión final.
El empresario Guillermo Tofoni alegó que, según lo publicado por diversos medios, dentro de la AFA existe un esquema de lavado de fondos que provienen de Estados Unidos y España, los cuales serían desviados a empresas a través de financieras en el microcentro, finalizando en estudios jurídicos y en una dirección asociada a Toviggino.
La causa fue presentada en el juzgado de Amarante, donde surgió una controversia sobre la jurisdicción de la investigación. La Fiscalía propuso que el caso se trasladara al juzgado federal de Campana, bajo la dirección de Adrián González Charvay, que ya estaba manejando un caso relacionado con una mansión en Pilar, también por lavado de dinero y atribuida a Toviggino. Sin embargo, el juez rechazó esta propuesta y solicitó a la Fiscalía que continuase la investigación.
En junio, el fiscal reiteró su planteo de que las causas de Tofoni y la mansión de Pilar debían ser acumuladas y presentó nuevamente su solicitud para que se unieran en otro juzgado de lo Penal Económico, donde ya había recaído la causa de la propiedad.
En ese contexto, el juez de Campana solicitó el expediente, lo cual fue nuevamente denegado por Amarante. La situación experimentó un nuevo giro con el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que hace diez días resolvió que la investigación sobre la mansión en Pilar debía regresar al juzgado de Campana.
Este tribunal estableció que el delito de lavado de dinero corresponde a la justicia federal y no al fuero penal económico, que fue el núcleo de la discusión. Esta decisión será apelada por el fiscal de Casación, Mario Villar, en busca de que sea reconsiderada por la Corte Suprema de Justicia.
Amarante subrayó que la doctrina establecida por la Cámara Federal de Casación Penal indica de manera clara que, en lo que respecta al delito de lavado de activos y en ausencia de un delito adicional que sea de competencia especial de su fuero, corresponde a la justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Además, destacó que los hechos denunciados ocurrieron en esa jurisdicción, señalando que la hipótesis delictiva sugiere que los fondos ingresaron a través de financieras localizadas en el microcentro porteño.
La causa, tras el sorteo, ahora se encuentra en el juzgado de Servini, quien deberá decidir si acepta el caso.
