El 6 de julio, Ariel Guzmán, coronel mayor (R) y administrador de IOSFA, presentó un informe al teniente general Carlos Presti, ministro de Defensa, con las conclusiones de la quinta reunión de la Comisión Ad Hoc, formada a través del DNU 88/2026, que supervisa la liquidación del instituto y la transición al nuevo sistema de salud militar.
Lamentablemente, el informe no refleja progreso alguno, sino que describe un panorama más crítico. IOSFA acumula un pasivo que equivale a $213.902.225.670, lo que se traduce en aproximadamente u$s145 millones según el tipo de cambio oficial.
Un aspecto especialmente delicado es que más de la mitad de esta deuda corresponde a obligaciones de las fuerzas de seguridad federales, incluyendo a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Las deudas pendientes de estas fuerzas ascienden a $139.057.260.804, cerca de u$s94 millones, lo que representa alrededor del 65% del pasivo total de la entidad en liquidación.
Durante la reunión, Fernando Domínguez, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, reiteró que esa cartera no posee los recursos necesarios para saldar la deuda. Esta declaración subraya un conflicto latente que se ha estado gestando durante meses. Mientras las Fuerzas Armadas lograron normalizar sus obligaciones con la obra social en el marco de la transición hacia la nueva OSFA, las fuerzas de Seguridad han mantenido intacta una deuda por contribuciones patronales que se remonta a 2017.
El Gobierno, que a través del DNU 88/2026 decidió disolver IOSFA y fragmentar el sistema de salud militar entre OSFA y OSFFESEG, ahora enfrenta la dificultad de encontrar los recursos para cerrar financieramente el organismo que eligió extinguir.
La Comisión Ad Hoc fue creada para facilitar la transición del sistema de salud militar y se compone de varios representantes de distintas entidades, incluyendo al coronel Guzmán y miembros de los ministerios de Economía, Salud y Defensa. Tras cinco reuniones, el diagnóstico permanece prácticamente inalterado desde el primer encuentro en abril: la única forma de reducir la deuda sería que cada fuerza cancelara sus obligaciones con IOSFA, mientras que un plan de pago debía ser diseñado para proveedores y prestadores. Sin embargo, únicamente una parte de este compromiso fue cumplida.
Las Fuerzas Armadas han hecho los aportes correspondientes, pero Gendarmería y Prefectura siguen sin saldar sus deudas, lo que representa un factor significativo del desequilibrio financiero. El informe de Guzmán indica un evidente desgaste en la instancia técnica. La liquidación de IOSFA se halla atrapada en una disputa presupuestaria entre los dos ministerios y, paradójicamente, el Estado nacional actúa como acreedor y deudor al mismo tiempo.
Guzmán concluye que, a pesar de realizar cinco reuniones, no se ha avanzado en la elaboración de un plan para cancelar la deuda, ni se ha logrado exigir a las Fuerzas de Seguridad que cumplan con sus obligaciones, a diferencia de las Fuerzas Armadas. Esta situación deberá ser discutida en otros ámbitos de decisión para su conocimiento e intervención.
La implicación de esta última afirmación es clara: la comisión ha agotado su margen de maniobra y ahora una decisión política del Poder Ejecutivo es necesaria. Esta compleja situación posiciona al ministro de Defensa, Carlos Presti, en una difícil negociación con el Ministerio de Seguridad Nacional, cuyo desenlace dependerá del comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente Milei.
Fuentes cercanas al problema advierten que sin la decisión presidencial que permita la asignación extraordinaria de recursos para saldar la deuda, la liquidación definitiva de IOSFA podría convertirse en un proceso interminable, generando impagos a proveedores, litigios judiciales y un deterioro creciente de la nueva estructura de prestación de salud militar.
