Aunque se trata de una resolución temporal, esta decisión representa un obstáculo para la implementación de dos artículos fundamentales de la reforma laboral, que imponían importantes restricciones a la percepción de estos aportes por parte de los sindicatos y establecían la revisión obligatoria de los convenios colectivos debido a la eliminación de la ultraactividad.
Esta postura del Gobierno fue formalizada mediante la disposición 839 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, donde se señala que la homologación del último acuerdo salarial del sector debe alinearse con los parámetros de la medida cautelar emitida por la Justicia Federal de San Martín.
El fallo, dictado en marzo por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, ordenó la suspensión durante seis meses, hasta septiembre próximo, de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la reforma laboral en lo relativo al convenio colectivo de Comercio. Aunque el Gobierno ha apelado esta decisión, la cautelar mantiene su efecto. Fuentes de la organización sindical, liderada por Armando Cavalieri, indicaron que al culminar el periodo original de la cautelar, tienen la intención de solicitar su renovación por un nuevo plazo.
En respuesta a la resolución judicial, la Secretaría de Trabajo sostuvo que adecuó la homologación del último acuerdo salarial del sector con el fin de prevenir futuros conflictos por discrepancias en las cuotas solidarias, que son cruciales para el financiamiento del sindicato.
De este modo, el gremio precisó en un comunicado que siguen vigentes las retenciones establecidas en el convenio colectivo, que fijan un aporte del 2% del salario de convenio destinado a las seccionales regionales y un 0,5% a la federación nacional de Comercio. Esta cuestión es fundamental para la financiación del sindicato, ya que la reforma laboral estableció un límite total para las cuotas solidarias que no puede exceder el 2% del sueldo de convenio. Al solicitar la cautelar, los dirigentes del sindicato argumentaron sobre la “falta de previsibilidad” de esta disposición reformista y sus posibles impactos en los servicios que el gremio brinda a sus afiliados.
En cuanto a la vigencia del convenio colectivo, los dirigentes del gremio han indicado que no avanzarán en los próximos meses en negociaciones con el sector empresarial para revisar los términos, lo cual podría obstaculizar los planes del Gobierno de renegociar más de 400 convenios antes de fin de año. Esta intención fue evidenciada a través de una convocatoria lanzada hace un mes para que sindicatos y empresarios inicien diálogos sobre las condiciones laborales de sus respectivas áreas. En el contexto de estas conversaciones, se informó que el sector de la industria alimentaria acordó extender su convenio por un año.
