El comercio exterior argentino atraviesa una parálisis crítica tras la decisión del presidente Javier Milei de desregular, mediante decreto, el servicio de practicaje y pilotaje portuario. Esta medida detonó un conflicto con los trabajadores del sector que ha escalado rápidamente, sumiendo al empresariado en un estado de incertidumbre. La falta de consenso previo y la profundidad de la reforma han generado una medida de fuerza que amenaza con interrumpir el flujo comercial de manera prolongada, provocando pérdidas millonarias y un fuerte cuestionamiento a la gestión oficial del conflicto.
La operatividad de las terminales se ha visto severamente afectada. Según el Centro de Navegación (CNAV), al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación de servicio en puertos estratégicos como La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Bahía Blanca y el cordón del Paraná. Esta saturación obligó a redireccionar cargas hacia los puertos de Montevideo y el sur de Brasil, encareciendo la logística. Paralelamente, la Cámara Argentina de Energía (CADE) alertó sobre el freno de 12 buques tanque, situación que pone en riesgo el abastecimiento interno de nafta, gasoil y fuel oil en diversos puntos del país.
El malestar es unánime entre los referentes del comercio. Martín Zocchio, empresario importador, calificó la situación como “terrible”, señalando que el desvío de contenedores a Uruguay puede sumar hasta u$s1.000 adicionales por unidad en gastos de destino. Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, advirtió sobre la gravedad en el polo agroexportador del Gran Rosario, donde la cifra de barcos demorados crece a un ritmo de 30 por día. Idígoras enfatizó que cada jornada de retraso representa un costo de entre u$s50.000 y u$s100.000 por buque, y alertó que Argentina corre el riesgo de ser vista como un “origen inseguro” para el cumplimiento de contratos internacionales.
Consecuencias económicas
Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) describieron un “efecto dominó” que trasciende los muelles. La parálisis portuaria interrumpe el ingreso de divisas vitales para la estabilidad macroeconómica y golpea al transporte terrestre y ferroviario, colapsando la capacidad de acopio en terminales. El quiebre en las cadenas de suministro afecta también a insumos industriales y energéticos estratégicos. Finalmente, los exportadores enfrentan severas penalidades contractuales por el incumplimiento de plazos, lo que deteriora la reputación comercial del país frente a competidores regionales.
