La solicitud busca revertir la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo derogó en su totalidad la sentencia de 2023 dictada por la jueza Loretta Preska. Esta última había determinado que el Estado argentino incumplió las obligaciones del estatuto de YPF durante la nacionalización en 2012.
Los demandantes no son inversores históricos de la petrolera, sino fondos y sociedades que adquirieron los derechos de accionistas. Burford financia el litigio y posee participaciones en las reclamaciones de las sociedades Petersen y Eton Park.
En su petición, los demandantes consideraron la resolución del Segundo Circuito como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según trascendió. Argumentan que el tribunal de apelación se desvió de los precedentes de la Corte al priorizar una interpretación del derecho argentino y decisiones de tribunales locales.
El litigio se originó por la estatización de YPF, con los demandantes sosteniendo que el Estado debía realizar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, conforme a las normas de la compañía. Preska había validado esta interpretación y ordenado una indemnización que se encontraba entre las más elevadas en el ámbito comercial de Estados Unidos.
No obstante, dos de los tres jueces del Segundo Circuito concluyeron en marzo que la jueza Preska aplicó erróneamente la legislación argentina. El tribunal revocó la condena, aunque reconoció que la expropiación comprometió derechos de propiedad. En junio, la Cámara rechazó un pedido de los demandantes para revisar esta decisión.
Fuentes oficiales indicaron que la presentación no obliga a la Corte Suprema a considerar el caso. El recurso de certiorari es la vía a través de la cual las partes piden la intervención del tribunal, pero son los jueces quienes deciden si aceptan o rechazan la revisión.
La Corte suele recibir entre 7.000 y 8.000 peticiones en cada período de sesiones y generalmente acepta revisar alrededor de 80 casos. Además, no hay un plazo establecido para resolver este tipo de solicitudes, lo que sumado a la complejidad del caso hace difícil prever cuándo podría conocerse una respuesta.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación manifestaron que se anticiparon a este escenario desde la decisión de marzo y que ya están trabajando en la estrategia de defensa. “Continuaremos defendiendo los intereses del Estado”, afirmaron las fuentes oficiales.
El litigio se extiende por más de diez años en los tribunales de Estados Unidos y ha atravesado las diferentes administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Paralelamente, Burford ha iniciado acciones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en nombre de las sociedades Petersen.
El fondo, dirigido por Christopher Bogart, señaló a principios de año que posee el 35 % de los derechos económicos vinculados a la quiebra de las sociedades Petersen y el 82 % de Eton Park. Tras el fallo desfavorable de marzo, el valor contable de esas participaciones se aproximaba a 100 millones de dólares, en contraste con los 1.700 millones que se les atribuía antes del veredicto del Segundo Circuito.
Las sociedades Petersen, anteriormente propiedad de la familia Eskenazi, se encuentran en proceso de quiebra en España. Los administradores de estas quiebras controlan casi el 30 % de los derechos en los reclamos. En caso de que se realice un cobro, los fondos deberán ser destinados primordialmente a saldar deudas con bancos internacionales que financiaron la participación de los Eskenazi en YPF entre 2008 y 2010.
El reciente fallo de marzo es un antecedente crucial para Argentina. El panel, formado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con disidencia de José Cabranes, argumentó que la sentencia de primera instancia se fundamentaba en una interpretación errónea del derecho argentino. La postura oficial sostiene que este criterio fue reafirmado cuando rechazaron un pedido de revisión en junio por parte de la Cámara.
La presentación de certiorari se erige como la última opción judicial para los demandantes en este caso en Estados Unidos. Si la Corte Suprema decide no tramitar el expediente, permanecerá en vigor la resolución que anuló el fallo de Preska. Si la acepta, Argentina deberá presentar su respuesta y el tribunal determinará el alcance de la revisión.
