En una operación policial que marcó la noche del miércoles, un equipo del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) irrumpió en las oficinas del Ministerio Público, agrediendo a los funcionarios presentes. Esa noche, Mariaca y tres fiscales más de alto rango fueron apresados. No se presentó ninguna causa judicial, ni la intervención de un juez, ni se aportaron pruebas que justifiquen las aprehensiones. En total, 14 personas fueron detenidas y se busca al exjefe de Gabinete, Eduardo Del Castillo.
Tres días antes, el Departamento de Estado había comunicado la revocación de la visa de Mariaca y otros funcionarios bolivianos. Las autoridades estadounidenses acusaron a Mariaca de “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas implicadas en delitos violentos a evadir la justicia”. Aparentemente, poseen grabaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afirmando haber sobornado a Mariaca y a otros para poder residir en Bolivia sin inconvenientes.
No obstante, dicho testimonio necesita ser respaldado por otras pruebas, dado que se trata de una persona acusada que busca mejorar su situación judicial. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado ninguna evidencia para apoyar esta acusación. De hecho, no existe un expediente que sustente tales acusaciones en Bolivia, y lo lógico es que se formalice una causa, que un fiscal y un juez evalúen las pruebas. Sin embargo, en este caso ocurrió lo contrario: el fiscal parece haber sido prácticamente secuestrado por la policía.
El gobierno de Rodrigo Paz alegó que interceptó una ambulancia que salió del condominio donde reside Mariaca, en la que habrían encontrado 280.000 dólares. Sin embargo, una vez más, la intervención fue meramente policial, sin que hubiera fiscal ni juez supervisando el operativo, lo que genera aún más dudas sobre la veracidad de la información.
La naturaleza del golpe institucional es clara. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, agradeció públicamente a la DEA por su involucramiento en las operaciones, y se sumó a la declaración de Marco Rubio, quien afirmó que “la administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional de Bolivia”.
¿Qué hay detrás de la protección a Cerimedo?
Tanto Nadia Beller, víctima de la tentativa de femicidio, como Evo Morales han señalado que la operación del gobierno boliviano y de las autoridades norteamericanas tiene como principal objetivo proteger a Fernando Cerimedo. Un artículo reciente en un medio estadounidense reveló que Cerimedo es considerado el representante de MAGA (Make America Great Again) en América Latina. El artículo detalla que este exasesor de Javier Milei mantiene una estrecha relación con Brad Parscale, quien dirigió la campaña digital de Trump en 2016, y con otros altos funcionarios estadounidenses. En febrero de 2026, Cerimedo fue premiado como mejor consultor hispano en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, lo que corrobora sus lazos con el expresidente. Sin embargo, el artículo también destaca que su currículum es en gran parte falso, pues no estudió en Harvard, ni en el MIT, ni en la Universidad de Phoenix, ni trabajó en la administración de Obama, y menciona una condena en Mar del Plata por estafa.
Cerimedo enfrenta en Bolivia cuatro acusaciones: tentativa de femicidio de Nadia Beller, enriquecimiento ilícito, violencia de género por haber agredido a Beller, y coimas relacionadas con vuelos de narcotraficantes en el departamento de Beni, limítrofe con Brasil. El vicepresidente Edmand Lara reveló audios donde Cerimedo menciona sobornos de 15.000 dólares. El nuevo defensor de Cerimedo, Yamil Castro Bianchi, declaró hace una semana que su cliente sería liberado en noviembre, sugiriendo que aquellos que lo traicionaron enfrentarán consecuencias.
Reestructuración de la justicia
El Ministerio Público ha rechazado las acusaciones contra Mariaca y ha negado cualquier conexión con Marset. El fiscal más antiguo, Luis Montaño, asumió el cargo de manera interina, conforme a la ley. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, ha manifestado la intención de emitir un decreto para designar a un nuevo fiscal general, sortear la autoridad judicial y actuar de manera inconstitucional. La elección del nuevo fiscal corresponde al Congreso, y el vicepresidente Edmand Lara advirtió desde España que el presidente Paz no puede nombrar a miembros del Poder Judicial a su antojo.
A pesar de estas alertas, el ministro Oviedo no descartó la posibilidad de extraditar a Mariaca y otros detenidos a Estados Unidos, lo que podría considerarse un secuestro judicial. Cada vez son más evidentes las pruebas de que el golpe institucional está orquestado por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de intervenir en las elecciones de varios países de América y de deshacerse de su aliado de ultraderecha, Cerimedo.
