Olavarría, conocida como la ciudad del cemento, ya contaba desde 1948 con el denominado “impuesto a la piedra”, que se aplica a la explotación de canteras, y ahora incorpora este nuevo gravamen relacionado con otro recurso natural: el aire.
El intendente aprovechó la caída de la ley 27.191, vigente durante más de ocho meses, para avanzar con la creación de la TISH. En mayo, la Cámara de Diputados había dado media sanción a la prórroga de la norma original aprobada en 2015, la cual promovía el uso de fuentes renovables de energía. Este marco legal, en su artículo 17, prohíbe la implementación de nuevos impuestos a nivel nacional, provincial y municipal.
La semana pasada, tras alcanzar un consenso entre legisladores, el Senado convirtió en ley la prórroga, extendiendo la promoción de energías renovables hasta 2045. Sin embargo, en junio, el Ejecutivo local convocó a una sesión preparatoria para Grandes Contribuyentes, en la que se aprobó la tasa.
La ordenanza 5901/26 establece una tasa anual de entre 700 y 850 dólares por cada megavatio (MW) de potencia instalada de aerogeneradores, con un esquema escalonado que reduce el monto a pagar conforme aumenta la potencia de los molinos. Específicamente, los aerogeneradores de hasta 3,8 MW pagarán 850 dólares, mientras que aquellos de más de 8,9 MW tributarán 700 dólares por MW.
En la actualidad, el municipio cuenta con cuatro parques eólicos y un total de 82 aerogeneradores. Entre los principales actores se encuentran grandes empresas como YPF Luz, Ternium y Tenaris, del grupo Techint, así como un nuevo parque que comenzará a funcionar en breve, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar.
Según los cálculos de la oposición, se estima que, a partir del inicio de operaciones del parque de PCR y ArcelorMittal Acindar, el municipio podría recaudar entre 360 mil y 380 mil dólares anuales en concepto de TISH, con el primer pago a realizarse antes del 10 de enero.
Sin poder bloquear la medida municipal, las empresas lograron negociar un punto que garantiza la estabilidad de la tasa por un periodo de 20 años, establecido así en la ordenanza: “Los contribuyentes que se acojan a este régimen especial tendrán asegurada la previsibilidad tributaria durante veinte años…”, lo cual impide cualquier ajuste en la carga tributaria que exceda los valores actuales al momento de iniciar el beneficio.
Para evitar una judicialización del cobro de la tasa, se incluyó el artículo 13, que detalla que la tasa retribuye servicios de habilitación, registración, inspección y control que brinda el municipio a los establecimientos alcanzados. Esta disposición también fue objeto de una denuncia.
Con el intendente al frente, el oficialismo cuenta con la mitad de los 20 concejales, y dada la importancia de un voto doble en caso de empate, la pronta necesidad de crear la tasa provocó una alianza en la oposición que resultó en un empate, llevando a la presentación de la denuncia señalada. A pesar de ello, el panorama no se veía ominoso para el oficialismo.
El Ejecutivo había propuesto un pago adelantado de 20 años, lo que generó indignación entre los opositores, quienes advirtieron que se opondrían a la quórum. Finalmente, el plazo se redujo a tres años, permitiendo el quórum, pero la oposición mantuvo su rechazo a la tasa, quedando la decisión en manos del presidente del Concejo Deliberante.
Concejales de varios bloques se presentamos en la Vocalía Municipalidades, argumentando que la sanción de ordenanzas impositivas debe contar con una mayoría absoluta, según los artículos correspondientes de la legislación provincial. Además, señalaron la falta de dictamen previo por parte de la Comisión de Hacienda, ya que el oficialismo había introducido cambios de última hora.
En defensa de la tasa, Wesner afirmó: “Es una TISH que pagan numerosos contribuyentes en la ciudad. Lo que hacemos es regular una actividad que no estaba cubierta previamente”. Horas antes de la discusión en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, los concejales recibieron cartas de las firmas de Techint apoyando la ordenanza. Estas cartas subrayaban la importancia de la previsibilidad tributaria para atraer inversiones en energías renovables.
El documento finalizaba enfatizando que el proyecto equilibraba los intereses de la comunidad local con la necesidad de fomentar inversiones sostenibles, advirtiendo que la política de estabilidad tributaria ofrecía un entorno favorable para la inversión en proyectos energéticos significativos para la región.
