Según el informe, los ingresos totales del Estado registraron una caída real interanual del 1 por ciento, marcando trece meses consecutivos a la baja. La situación se torna aún más crítica al compararlos con agosto de 2023, donde sufrieron un descenso del 17,1 por ciento en términos reales.
Para mantener el superávit en un contexto de recursos consistentemente menguantes, el gobierno nacional implementó un ajuste severo. Las erogaciones totales disminuyeron un 28,9 por ciento en comparación con 2023. A excepción de algunos aumentos puntuales en los derechos de exportación (debido a bases de comparación desfavorables), los tributos relacionados con el consumo interno, como el IVA, se contrajeron un 4,9 por ciento real interanual, acumulando diez meses de descenso continuo.
El informe también alerta sobre la manipulación contable que aplica el Ejecutivo respecto a la deuda pública. El Ministerio de Economía presenta un resultado financiero favorable de 0,64 billones de pesos para el mes en cuestión; sin embargo, incluye títulos capitalizables (Lecap, Boncap y Duales) cuyo costo financiero se acumula al capital y se liquida al vencimiento, omitiendo el pago corriente de intereses.
Según los cálculos del CEPA, al considerar los 2,29 billones de pesos en intereses capitalizados generados en el mes, el superávit financiero informado se convertiría inmediatamente en un déficit real de 1,66 billones de pesos. Si se extiende este análisis al período de enero a agosto de 2026, el resultado positivo oficial de 2,34 billones se transforma en un déficit acumulado de 16,29 billones.
De cara a diciembre, el informe advierte sobre los riesgos de incumplimiento respecto al programa acordado con el FMI, el cual establece un piso acumulado de resultado primario de 16,26 billones.
Aunque el Proyecto de Presupuesto 2027 proyecta alcanzar 15,54 billones de pesos (0,72 billones por debajo del objetivo), el centro de estudios estima que, si se repite la estacionalidad del gasto del año anterior, el resultado primario anual cerca de los 12,14 billones. Esto dejaría al Gobierno con una diferencia de 4,12 billones respecto a la meta impuesta por el organismo multilateral.
