Lijo precisó que siempre fue evidente que los audios a peritar, conforme a lo estipulado en una resolución del 30 de abril, eran aquellos presentados por el periodista Mauro Federico, quien, junto a Ivy Cángaro, dio a conocer las conversaciones de Spagnuolo. En esas grabaciones, el exfuncionario exponía un sistema de cobro de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos con bajo costo y elevada demanda. En ellas, se lo oye afirmar que Karina Milei se quedaba con el 3% y que otra parte correspondía a Eduardo “Lule” Menem, además de detallar acuerdos con droguerías y laboratorios.
Si bien estos diálogos evidenciaron la maniobra, no fueron considerados como prueba por el fiscal Franco Picardi al momento de llamar a indagatoria, ni tampoco por el primer juez del caso, Sebastián Casanello, durante las fundamentaciones de los 19 procesamientos que se han dictado hasta la fecha por delitos como asociación ilícita, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. No obstante, varias defensas se apoyan en estos audios para tratar de cerrar el caso.
La situación se vuelve paradójica, ya que el mismo Spagnuolo había solicitado un análisis pericial de los audios al inicio de la causa, en sintonía con los propietarios de la droguería Suizo Argentina. El juez hizo notar al exdirector de Andis que si tenía alguna objeción sobre los registros de voz a revisar, debía haberlo manifestado antes de que comenzara la medida, pero no lo hizo.
La resolución señala: “Posteriormente a reclamar la realización de estudios para determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que identificó específicamente el material a examinar, designar un perito de parte y proponer puntos adicionales para profundizar su análisis, no es coherente querer ahora paralizar la experticia basándose en una objeción relacionada con su objeto material que pudo haber sido presentada previamente”. Se agrega que no resulta valido que la defensa intente ahora distinguir entre los registros sonoros divulgados por diferentes medios y los presentados por Mauro Federico para excluir estos últimos del estudio.
Desde diciembre del año anterior, Spagnuolo, representado por el abogado Mauricio D’Alessandro, ha intensificado su ofensiva para desestimar el expediente, sosteniendo que los audios están manipulados, editados, y algunos serían producto de inteligencia artificial. Ha cambiado su discurso en varias ocasiones, llegando incluso a afirmar que no era su voz. En ese contexto, solicitó la nulidad de todas las actuaciones al impugnar las grabaciones y presentó un peritaje privado que afirmaba la existencia de 18 cortes compatibles con edición, mencionando conversaciones telefónicas y alegando que no podía asegurar la existencia de voces sintéticas ni realizar un examen exhaustivo concluyente por la falta de la secuencia completa.
La Sala II de la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Boico y Martín Irurzun, en disidencia con Eduardo Farah, dictó que debía realizarse un análisis para determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones. Al asumir el juez Ariel Lijo (después de Sebastián Casanello), se ordenó dicho peritaje. Sin embargo, Spagnuolo comenzó a poner objeciones para frenar el procedimiento. Se negó a entregar una muestra de voz y argumentó que esto lo exponía a autoincriminarse, lo que llevó al magistrado a avanzar utilizando como referencia entrevistas públicas en las cuales se podía escuchar al exdirector de Andis.
La defensa volvió a plantear que los audios que empezaron a examinar Gendarmería, los peritos de parte y los del fiscal Picardi no son los mismos que los que fueron difundidos. Los especialistas se reúnen todos los miércoles y se ha informado que detectaron que uno de los archivos más extensos presenta cortes y ediciones. En las grabaciones conocidas hasta ahora solo se escucha la voz atribuida a Spagnuolo, sin la de su interlocutor o interlocutores. También se oyen sonidos de vajilla, sugiriendo que algunas de las conversaciones se llevaron a cabo en un restaurante o café, así como murmullos de fondo. Deberá determinarse si hay fragmentos que correspondan a escuchas telefónicas.
En cuanto a la Cámara, la Sala II ha sufrido una reciente baja con la salida de Irurzun, a quien el Gobierno no le renovó el mandato tras alcanzar los 75 años. Aunque su situación está en litigio, los restantes temas deberán ser resueltos por Boico y Farah, y en caso de no coincidir, intervendrá algún miembro de la Sala I. Hay dos asuntos clave que los camaristas deben revisar: la primera serie de procesamientos (que incluye a Spagnuolo y su exnúmero dos Daniel Garbellini, entre otros) que fueron apelados, así como los nuevos planteamientos de nulidad relacionados nuevamente con los audios. Algunos miembros de este tribunal han manifestado su descontento por la lentitud en la llegada del material de la investigación de primera instancia.
El fiscal Picardi explicó cómo un grupo de privados, ajenos a Andis pero actuando como si fueran parte de esta, organizaban las adjudicaciones, es decir, diseñaban el direccionamiento de contratos para la adquisición de medicamentos e insumos. Por ejemplo, Calvete organizaba la adjudicación para sus propias empresas y se llevaba un 20% de lo que conseguía para otros. Se han encontrado sobreprecios de hasta 2000% en medicamentos. El Ministerio de Salud realizó su propio informe, revelando pagos adicionales en insumos que alcanzan hasta un 4000%, el cual fue incorporado a la causa. El fiscal Picardi documentó gastos que superan los 30.000 millones de pesos durante la investigación sobre la compra de medicación y más de 75.000 millones en insumos.
