La renuncia de Esterelles fue presentada el 26 de agosto por “motivos de índole personal”. Durante la reunión de la comisión, presidida por el senador libertario Agustín Monteverde y el diputado “Bertie” Benegas Lynch en la vice-presidencia, se oficializó su salida y la asunción interina de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, quien ocupaba el cargo de directora de Estudios, Análisis y Evaluación.
La sesión, que tuvo lugar en el despacho de Monteverde y no fue transmitida, contó con la participación de la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero, y el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aunque los dos representantes de Unión por la Patria, el senador Fernando Salino y el diputado Carlos Castagneto, no asistieron.
La OPC fue establecida en 2016 con el objetivo de proporcionar asistencia técnica al Congreso, brindando datos fiscal y presupuestarios que son independientes de los del Poder Ejecutivo. Sus informes mensuales y proyecciones son de suma importancia para legisladores, economistas y el mercado, y en ocasiones han mostrado discrepancias significativas con las cifras oficiales del Ministerio de Economía.
Un aspecto clave para comprender cómo el Gobierno ha podido influir en este organismo del Congreso radica en su modelo de financiamiento. Hasta 2021, la OPC operaba como un programa dentro del Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Senado, que gestionaba sus fondos. Sin embargo, bajo la gestión de Esterelles, la oficina obtuvo su propio SAF, el número 369, en un proceso que, según la auditoría, comenzó en 2019 y fue impulsado directamente por el director sin la aprobación de las autoridades parlamentarias.
A partir de entonces, la OPC empezó a recibir sus fondos directamente del Ministerio de Economía, lo que transformó su autonomía en una dependencia del flujo de fondos del Ejecutivo. “Hicieron su propia caja con la plata de Hacienda”, afirmaron fuentes del Congreso.
Esta dependencia se evidenció en mayo, cuando la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía firmaron la Decisión Administrativa 20/2026, un recorte de $55 millones al presupuesto de la OPC. Posteriormente, el 2 de junio, la Comisión de Supervisión Parlamentaria, inactiva desde 2022, se reunió por primera vez bajo la nueva administración y aprobó seis resoluciones.
Una de ellas devolvió a la OPC su Plan de Trabajo Anual 2026, el cual había estado en ejecución desde enero, aunque no contaba con la autorización formal de la comisión, que no había sesionado en años; también se estableció que cualquier informe no incluido en dicho plan requeriría autorización previa del cuerpo.
Estas acciones paralizaron la actividad de la oficina, según denunciaron fuentes del área, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la OPC funcionó con normalidad durante la auditoría. Sin embargo, el informe de ejecución del presupuesto de mayo, uno de los más relevantes para el mercado, no se publicó. Ese mismo 2 de junio, auditores de la Cámara de Diputados iniciaron un relevamiento en las oficinas de la OPC.
El hallazgo más significativo de la auditoría de 65 páginas fue la existencia de un fondo de reserva creado por Esterelles en 2018 sin la debida autorización, que se mezclaba con los fondos ordinarios y se contabilizaba incorrectamente como “fondos de terceros”. Este fondo fue utilizado para la remodelación de las oficinas de la OPC y, en 2024, destinado a la compra de un vehículo oficial para el director general que presentó su renuncia. La compra del auto ocupó un apartado completo en el informe, que también detectó que las transferencias bancarias debían ser firmadas conjuntamente por el director y el coordinador administrativo, pero se habilitaron firmantes no autorizados, incluyendo a personal externo.
Además, se constató un uso inadecuado de contratos de locación de servicios para cubrir puestos que debían ser designados a través de concursos públicos. Varios de estos contratos se han mantenido en vigor desde 2023, y también se destacó la falta de un área de Recursos Humanos y la ausencia de evaluaciones de desempeño durante el período auditado.
Adicionalmente, respecto al concurso de analistas de 2023, los auditores se basaron en un dictamen legal que identificaba vicios en los plazos de inscripción, lo que deja en un estado incierto a los analistas seleccionados.
En lo que respecta a adquisiciones, se observó un uso excesivo de la contratación directa con requisitos menores y la falta de aprobación previa de los pliegos en la mayoría de las licitaciones revisadas.
Como resultado, la comisión decidió eliminar el SAF de la OPC y regresar su dependencia administrativa a una de las cámaras del Congreso, sin afectar el presupuesto establecido. El reemplazo de Esterelles se realizará mediante un nuevo concurso público, y la oficina deberá adherirse a un plan de trabajo aprobado por la comisión, sin posibilidad de generar informes adicionales sin autorización previa.
Este desenlace no carece de interpretaciones políticas. Algunos sectores de la oposición, incluido Ferraro, denunciaron un “desmantelamiento” sistemático de la capacidad técnica independiente del Congreso, justo cuando la OPC había emitido informes sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario que contradecián las estimaciones oficiales. Por parte del oficialismo, se argumenta que las decisiones tomadas son consecuencia de las irregularidades documentadas en la auditoría, sin vinculación con los informes técnicos producidos por la oficina. Este cambio ocurre en un momento clave, a semanas de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, un periodo en que la opinión técnica independiente de la OPC juega un rol crucial.
