Gustavo Perego, director de Negocios de una consultora especializada, estima que la reducción real de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos estaría entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales, un impacto que representa entre el 1,8% y el 2,6% de las ventas brasileñas hacia el norte, muy por debajo de los 4.700 millones que menciona el gobierno brasileño y los 11.000 millones que calculó una cámara de comercio estadounidense en Brasil.
De acuerdo con datos del International Trade Centre, Brasil exportó bienes por un total de aproximadamente 38.000 millones de dólares a Estados Unidos en 2025. En términos de actividad económica, Perego prevé un impacto del 0,03% sobre el PBI brasileño. “Acá el factor es político. Los sectores que no están sujetos a sanciones podrían terminar siendo alcanzados en el futuro”, indicó el analista, quien sigue de cerca la situación económica de Brasil.
Los productos exentos del arancel del 25%, debido a su influencia en la inflación estadounidense, incluyen carne, jugo de naranja, café, partes de aviones y mineral de hierro, los cuales habían sido gravados en 2025 bajo la administración de Donald Trump, pero los aranceles fueron levantados tras el inicio de negociaciones con Brasil.
En la presentación de la medida, el secretario de Estado Marco Rubio acusó al gobierno de Lula da Silva de no actuar en buena fe: “Sus políticas económicas perjudican tanto a estadounidenses como a brasileños. En el último año, Lula ha puesto su ego por encima del bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el costo de eso”, afirmó en un mensaje en la red social X.
Perego destacó que la estrategia de presión está dirigida principalmente por las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, Washington busca prohibir el uso de un sistema de pagos desarrollado por el Banco Central de Brasil, argumentando que compite deslealmente con plataformas estadounidenses.
Además, resaltó que Estados Unidos busca abrir los sectores de químicos, automotriz y manufactura general, mayor protección de la propiedad intelectual, y que Brasil se sume a su estrategia de seguridad en tierras raras y minerales críticos, mientras que Brasil mantiene una fuerte relación con China.
El impacto de esta decisión es menor que el de los aranceles del año anterior, pero habrá un gran despliegue mediático, y Lula probablemente lo utilizará en su campaña presidencial, que tendrá lugar en octubre. No está claro cómo reaccionará Flavio Bolsonaro, pero este escenario parece más un posicionamiento político que una cuestión de efectos comerciales. Lula ya ha abordado la temática de la soberanía y culpó a la familia Bolsonaro de facilitar la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, una situación que, según una encuesta, el 50% de los brasileños atribuye a Flavio Bolsonaro, quien recientemente estuvo en la Casa Blanca.
Respecto de Argentina, Perego señaló que los sectores que serán impactados por el arancel, como textil, calzado, muebles, papel y celulosa, podrían intentar enviar al mercado argentino los excedentes que antes dirigían a Estados Unidos. De forma más limitada, también podría verse alguna repercusión en el sector de maquinaria agrícola, aunque este ya está altamente integrado con Argentina.
Jorge Vasconcelos, economista jefe de una fundación, indicó que, independientemente de la motivación detrás de las sanciones, estas benefician políticamente a Lula, quien buscará su cuarto mandato presidencial en octubre. Sin embargo, destacó que, mientras a principios de siglo Estados Unidos absorbía el 18% de las exportaciones brasileñas y China el 6%, hoy China representa cerca del 30% de estas ventas, mientras que Estados Unidos solo el 10%. Asimismo, Brasil tiene un superávit en su comercio con China de casi 30.000 millones de dólares en 2025, y un déficit con Estados Unidos de aproximadamente 8.000 millones de dólares en el mismo año.
Perspectivamente, Vasconcelos enfatizó la importancia de la “crisis fiscal asintomática” que enfrenta Brasil, caracterizada por un aumento significativo de la deuda pública y un alto costo fiscal en términos del PBI. Durante el actual mandato de Lula, la tasa de desempleo se redujo del 9,5% al 5,5%, pero la deuda pública bruta escaló del 71% al 83% del PBI, resultado de un crecimiento del gasto público que promedia un 5,1% real anual desde 2022 y un costo financiero que equivale al 8% del PBI.
El economista advirtió que, si el próximo gobierno no desindexa el gasto y recupera la credibilidad fiscal, la deuda pública podría alcanzar el 105% del PBI hacia 2030, lo que tendría “efectos devastadores sobre los proyectos de inversión privados”.
El desafío, agregó Vasconcelos, es que, con el desempleo en mínimos históricos, las altas tasas de interés y el déficit fiscal no están en la agenda política de Brasil. La gestación de esta crisis asintomática podría permitir a Lula aspirar a un nuevo mandato, aunque un eventual triunfo de un opositor sería difícil de implementar sin una mayoría legislativa dispuesta a alterar el statu quo. La mayoría de las reformas fiscales necesarias para detener el aumento de la deuda exigen contar con un 60% de votos en el Congreso, dado que se trata de Propuestas de Enmienda Constitucional.
La economía brasileña podría caer en un ciclo vicioso: aunque cuenta con una buena calificación crediticia y reservas internacionales por 360.000 millones de dólares, el costo real de refinanciamiento supera el 7%, lo que mantendrá el déficit financiero en torno del 8,5% anual desde 2023. Esto afectará al sector privado, dado que el “riesgo corporativo” de las empresas brasileñas se asemeja al de las argentinas.
A pesar de estos desafíos, Vasconcelos, aunque considera que la recuperación económica sigue siendo un tema debatible, se muestra moderadamente optimista sobre las perspectivas de Argentina. “A pesar de una tasa de inversión en descenso en los últimos cuatro trimestres, la economía creció alrededor del 3% anual en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto de 2025, gracias a la oferta y a mejoras en la productividad, al igual que por la diferencia positiva entre exportaciones e importaciones”, explicó, subrayando la necesidad de vincular este crecimiento genuino con mejoras en consumo e inversión.
Aunque las mejoras en productividad y la dinámica exportadora respaldan un crecimiento del PBI de entre el 2,5% y el 3%, la economía aún no opera en “piloto automático”; necesita “combustible” para recuperar inversión, empleo y consumo, y consolidar un crecimiento en un contexto mundial que, a pesar de desafíos geopolíticos, presenta más oportunidades que riesgos.
Vasconcelos indica que las comparaciones sectoriales deben realizarse no tomando como base fines de 2023, sino abril de 2024, que representa un piso de actividad tras el ajuste del gobierno actual. En esta comparación, “la mayoría de los sectores muestran resultados positivos, aunque hay una clara distinción entre aquellos que mantienen un crecimiento sostenido y los que, tras un rebote inicial, han comenzado a perder terreno nuevamente”.
Entre los sectores con dificultades se encuentran la industria, el comercio y la construcción, aunque no los califica como “perdedores” del nuevo modelo. En muchos casos, señala, la falta de dinamismo no proviene de la apertura y competencia externa, sino de problemas internos como la escasez de crédito a largo plazo, una reforma laboral aún incipiente y una alta carga tributaria, especialmente por impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales.
Dentro de la industria, áreas que representan un 56% del PBI sectorial evidencian una gran capacidad de adaptación, como la producción de alimentos (que creció un 5,6% desde abril de 2024 hasta abril de 2026), madera, papel y refinación de petróleo (entre un 9,4% y un 9,6%), productos químicos (17%) y minerales no metálicos (20,4%). Estos sectores, junto con los muebles, constituyen más del 50% del Valor Agregado Manufacturero.
En contraste, los sectores con mayores dificultades, que representan un 30% del Valor Agregado Industrial, incluyen maquinaria y equipo, industrias metálicas básicas, prendas de vestir, textiles y automotores, con caídas que varían entre el 5% y el 10% respecto de abril de 2024. Aun así, incluso en este grupo hay empresas que se destacan positivamente.
Fuera de la industria, el comercio y la construcción, que aportan un poco más del 20% al PBI, también experimentaron caídas en el último año después de un repunte en el segundo trimestre de 2024. El comercio, según el análisis basado en datos de una consultora, se estaría recuperando de manera leve pero continua, aunque aún se encuentra un 1,6% por debajo de mayo de 2025. También en esta área se observan indicios de un “cambio estructural”.
Por último, la inversión en construcción se encuentra en niveles mínimos de los últimos 20 años, representando sólo el 6,9% del PBI, principalmente por la falta de obra pública y el escaso acceso a crédito hipotecario. Además, existen problemas de competitividad en el sector, ya que los precios han aumentado de manera desproporcionada en comparación con el resto de la economía. Sin embargo, se concluye que, “en la medición desestacionalizada, la construcción parece haber alcanzado su punto más bajo a comienzos de 2026, al igual que el consumo masivo.”
