ARA San Juan: la fiscalía pide penas de hasta cinco años para cuatro exoficiales de la Armada

El Ministerio Público Fiscal requirió penas de entre tres años y medio y cinco años de prisión para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, responsabilizados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que ocurrió el 15 de noviembre de 2017 y resultó en la muerte de sus 44 tripulantes. La acusación recayó en el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, ambos con penas solicitadas de cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, con tres años y seis meses. Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, solicitan además inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y costas del proceso, argumentando que los imputados fueron los responsables del incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, incurridos además en un delito de estrago culposo que causó la tragedia. Este alegato fiscal marca el inicio del cierre del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos, presidido por Mario Reynaldi, cuya audiencia se extendió durante todo el día. El equipo del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el ARA San Juan partió de la Base Naval Mar del Plata en condiciones deficientes, siendo que los imputados eran conscientes de que no se habían realizado los mantenimientos correctivos necesarios, así como que ignoraron los informes técnicos recibidos. Según los fiscales, el incidente del 15 de noviembre no fue un evento fortuito, sino una situación que podría haberse evitado por parte de quienes tenían responsabilidad sobre la seguridad del submarino. El juicio, iniciado el 3 de marzo de 2026, reconstruyó la historia del ARA San Juan desde su ingreso a reparaciones en 2007 hasta su regreso al agua en 2015, momento en el que experimentó múltiples problemas técnicos documentados por diversos comandantes en las audiencias del juicio. Durante su última misión, el submarino excedió el tiempo reglamentario para el mantenimiento. A juicio de los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 el submarino zarpó hacia la Base Naval Ushuaia, lo hizo en condiciones inadecuadas para llevar a cabo la misión que se le había encomendado. El 11 de noviembre de 2017, zarpó de Ushuaia y, tres días después, se produjo una entrada de agua por el sistema de ventilación que generó un cortocircuito y un principio de incendio. Finalmente, el 15 de noviembre a las 10.51 horas, la embarcación se hundió tras sobrepasar la profundidad de colapso, causando la muerte de sus 44 tripulantes. El fiscal Lucas Colla, parte del caso desde el principio, subrayó la responsabilidad de López Mazzeo, indicando que su falta de cuidado aumentó el riesgo para los submarinistas desde la salida el 25 de octubre. Asimismo, la fiscal Garmendia destacó los esfuerzos de las defensas para deslindar la responsabilidad hacia el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, pero enfatizó que, basado en su informe, su testimonio es vital para entender lo sucedido. La fiscalía estableció su caso en función de las funciones específicas de cada imputado y su incumplimiento. A Villamide se le reprocha haber permitido que el submarino participara en su última misión sabiendo que había vencido el mantenimiento requerido. López Mazzeo, responsable de supervisar el cumplimiento de normas de alistamiento, también es acusado de no haber garantizado el mantenimiento del submarino. Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, firmó órdenes de operaciones con conocimiento de las condiciones adversas. Por último, Correa, a cargo de las comunicaciones, es señalado por no asegurar un contacto adecuado entre el ARA San Juan y el comando de la fuerza submarina. Para los fiscales, la conducta de los cuatro imputados permitió que se generaran condiciones de riesgo en la actividad submarina. En conclusión, el fiscal Pruzán manifestó que el accionar imprudente de los imputados merece ser penalizado, dejando claro que esto no solo interpela a la Armada, sino a todo el Estado nacional.