En la comunicación, firmada por el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, se señala que la hidrovía es un elemento clave para la competitividad del sistema agro exportador argentino y del comercio exterior en la región. La carta también fue dirigida al director ejecutivo de ANPYM, Dr. Iñaki Arreseygor.
Este reclamo se produce en un momento en que, según las entidades, el proceso se encuentra en la etapa final de pre-adjudicación. Ambas cámaras advierten que esta demora genera una incertidumbre regulatoria que resulta incompatible con la naturaleza de un servicio público esencial.
Desde el aspecto legal, el documento enumera varias normativas que, según los firmantes, obligan al Estado a avanzar en el proceso. El Decreto 949/2020 establece claramente la necesidad de llevar a cabo el proceso licitatorio, mientras que el Decreto 556/2021 señala que la administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP) es excepcional y debe ser superada.
Además, se hace referencia a la Ley 17.520 de Concesiones de Obra Pública, que establece que estos procesos deben llevarse a cabo con publicidad, transparencia y continuidad, impidiendo interrupciones en la prestación del servicio. También se citan decisiones de la Corte Suprema que reconocen el principio de continuidad en servicios públicos esenciales.
Para CIARA y CEC, prolongar la situación transitoria va en contra del espíritu de los decretos vigentes y lleva al sector a una circunstancias de incertidumbre regulatoria que afecta tanto las inversiones como la operativa exportadora.
Junto a la solicitud de culminar con la adjudicación, las cámaras piden que el Poder Ejecutivo formalice la exención del IVA sobre los servicios de dragado y balizamiento que prestará el futuro concesionario de la VNT.
El argumento central es que estas tareas son fundamentales para la navegación internacional y, por ende, para las exportaciones. El artículo 7, inciso h) de la Ley de IVA 20.631 exonera del impuesto a los servicios vinculados a exportaciones, y el Decreto Reglamentario 692/1998 amplía esta exención a servicios vitales para las exportaciones, aun cuando no sean proporcionados directamente al exportador.
Las entidades también observan que, durante la concesión previa operada por Hidrovía S.A., el dragado no estuvo gravado por el IVA, lo que establece un precedente administrativo que debe ser mantenido, conforme al principio de legítima confianza reconocido en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
A nivel institucional, la ARCA ya habría admitido que los servicios logísticos esenciales para las exportaciones pueden optar a exenciones impositivas. Asimismo, el Ministerio de Economía tiene la autoridad, bajo las facultades otorgadas por la Ley 11.683 y la Ley de Ministerios 22.520, para emitir una norma que confirme esta exención.
La carta concluye resaltando que la resolución simultánea de ambas cuestiones —la adjudicación definitiva y la definición tributaria— proporcionará certeza regulatoria, continuidad operativa y un marco contractual estable, alineado con los estándares internacionales en materia de infraestructura crítica. Las cámaras se ponen a disposición para brindar más detalles técnicos, jurídicos y económicos a las autoridades pertinentes.
