En la sesión de este jueves, la séptima del año, 13 diputados respaldaron el cambio a la Ley 1600, que regula la justicia en la provincia, con el objetivo de realizar una “acción histórica de reivindicación institucional, política y simbólica” hacia Sosa, según indicaron fuentes del cuerpo legislativo.
El gobernador Claudio Vidal celebró la decisión a través de sus redes sociales, afirmando que “con la restitución de Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”.
Por su parte, Sosa expresó su satisfacción por el avance legislativo. En contacto con medios, indicó que se siente “contento por la reparación institucional” tras su destitución en 1995. En cuanto a los procedimientos para retomar su cargo, manifestó que está “a la espera de los próximos pasos”.
Cabe destacar que la promulgación de la nueva ley por parte del gobernador Vidal es el siguiente paso a seguir, ya que la normativa modifica la ley que había sido alterada en los años 90 por el kirchnerismo, eliminando la figura del procurador general.
Vidal, junto a su vicepresidente Fabián Leguizamón, resaltaron que esta acción representa el saldado de “una deuda histórica con la Justicia” y contribuirá al fortalecimiento institucional y al respeto hacia los fallos de la Corte Suprema.
El mandatario de Somos Energía para Renovar Santa Cruz recordó: “Antes de asumir como gobernador, tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa. En aquel encuentro escuché una historia de décadas de reclamos, incumplimientos judiciales y una profunda deuda institucional de la provincia”.
“En esa conversación asumí el compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que no debió extenderse tanto”, agregó, aludiendo a los reiterados fallos de la Corte Suprema que han ordenado la restitución de Sosa.
En la sesión, los votos a favor provenían de trece diputados del oficialismo, mientras que la bancada kirchnerista se opuso. La Legislatura aprobó la reposición de Sosa al cargo, así como la reactivación de un puesto que fue suprimido durante la reforma constitucional de 1995.
La eliminación de Sosa se produjo tras su insistencia en investigar una controvertida contratación de un estudio de abogados privado para gestionar el cobro de una deuda millonaria en dólares por regalías petroleras de la Nación a la Provincia, fondos que según informes fueron enviados al exterior y no pudieron ser rastreados, en un caso conocido como los fondos santacruceños en Suiza.
Con esta aprobación, Sosa retornará a un puesto similar al que ocupaba como jefe de los fiscales de la justicia provincial, aunque sin poder de intervención sobre los defensores, labor ya asumida por un área específica del Ministerio Público Pupilar.
La diputada del bloque Por Santa Cruz, Adriana Nieto, también destacó la significación de la votación del jueves, mencionando que concluyó con “una reivindicación histórica y se hizo justicia” al dar cumplimiento a los fallos de la Corte en favor de Sosa.
