A pocas horas de comenzar la protesta, la Secretaría de Trabajo impuso una conciliación obligatoria que se mantendrá durante 15 días, estipulando que los puertos continuarán operativos. Asimismo, se programó una nueva reunión para esta semana entre las partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo, lo que podría permitir que las plantas vuelvan a funcionar con normalidad en el transcurso de esta misma tarde.
Se prevé que este año la cosecha alcance cifras récord, aportando más de 36.000 millones de dólares debido al incremento en la producción. De confirmarse, esto marcaría el mejor registro en los últimos 16 años.
La huelga se llevó a cabo en respuesta a la oferta de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que presentó un incremento de 0% para el mes de mayo en las negociaciones colectivas. El sindicato demanda un aumento del 20% para garantizar un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de sus trabajadores.
Aproximadamente 80 plantas y puertos agroexportadores están en suspenso debido a esta medida de fuerza que, tras la conciliación, se encuentra momentáneamente en pausa.
De acuerdo con el sindicato, se analizarán entre el 27 de abril y el 2 de mayo las variables económicas para continuar con las negociaciones sobre los aumentos. La Federación destacó que las empresas han acumulado una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares, junto con la disminución de las retenciones fiscales. “Con esa ganancia extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los aceiteros”, señalaron.
“No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, manifestaron desde el sindicato bajo la dirección de Daniel Yofra.
Además, argumentaron que las empresas desean ajustar la evolución de los salarios conforme a la inflación y no en función de las nueve necesidades fundamentales que se discutieron en las negociaciones por el salario mínimo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, ocio, vacaciones y previsión.
Criticaron la canasta utilizada para medir la inflación, considerando que no refleja los gastos reales de las familias y exigiendo cambios en la canasta del INDEC. Esta situación, argumentan, condena los salarios a no incrementar por encima de la inflación.
Por estas razones, estiman que el salario mínimo debería situarse en 2.802.754 pesos, cuando la categoría inicial del sector actualmente es de 2,3 millones.
Sobre el costo laboral, señalaron que los salarios de todos los trabajadores del sector, desde los niveles más bajos hasta la gerencia, solo constituyen el 3,3% de las exportaciones de la industria.
Desde CIARA, consideraron que la demanda es “desorbitante”, ya que el salario mínimo en el sector es un 67% mayor que el salario promedio registrado en el ámbito privado, que ronda los 1,4 millones de pesos y se calcula que es lo necesario para que una familia de cuatro personas no caiga en la pobreza, según datos de INDEC.
En las categorías superiores, la brecha entre el salario de los aceiteros y el promedio registrado en el sector privado alcanza el 117%. La paritaria del sector acumuló un aumento del 261% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, contra una inflación de 299%, un incremento del dólar de 304% y un aumento de la soja medida en pesos del 179%.
Desde enero, las discusiones salariales han derivado en un aumento del 13,5%, en comparación con una inflación acumulada del 12,6%, además de un anticipo de 600.000 pesos.
Las empresas sostienen que la solicitud de un aumento del 20% implica proyectar una inflación de 34,6%, cifra que supera las expectativas del mercado, que se sitúan alrededor del 30%, sumando a esto la caída del precio de la soja medida en pesos, que disminuyó un 9% entre enero y mayo.
“Cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores, con una pérdida estimada de 160.000 pesos diarios para cada uno. También se traduce en menos ventas para los productores, menos viajes de camiones, menores exportaciones, reducción de ingresos en divisas y una merma en la actividad de toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA, enfatizando que el paro “es contra la política económica” y afecta a una actividad vital para el país: “Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”.
En una entrevista, Yofra calificó los argumentos expuestos como “excusas”: “Habría que ver por cuánto ellos están por encima en su rentabilidad respecto de otros sectores.”
