Las reformas a la Ley de Inteligencia se cuelan en la futura convocatoria del Presidente Javier Milei a sesiones extraordinarias a partir del próximo 2 de febrero. La oposición ya le reclamó a los titulares de ambas cámaras legislativas, Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en Diputados, que se conformen las comisiones bicamerales encargadas de analizar los cambios en la SIDE.
Los diputados del bloque Unidos, que lidera Gisela Scaglia, junto a Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Carlos Gutiérrez, Esteban Paulón, Mónica Frade, María Inés Zigarán, entre otros, solicitaron que “el DNU 941/2025 se gire a las comisiones para su correspondiente evaluación”. La Bicameral de Tramite Legislativo tiene un plazo de diez días hábiles, a partir de recibir el giro de las autoridades del Congreso, para expedirse según la ley que regula los decretos de Necesidad y Urgencia.
Mientras que desde la bancada de Unión por la Patria (UxP), los legisladores Lorena Pokoik, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, presentaron una iniciativa de rechazo al DNU ya que, según los diputados, “la norma introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes”.
“El DNU carece de los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, dado que no se verifican circunstancias excepcionales que haya impedido el tratamiento legislativo ordinario. Por el contrario, se señala que el Poder Ejecutivo contaba con herramientas constitucionales suficientes para habilitar el debate parlamentario, como la convocatoria a sesiones extraordinarias”, remarcaron.
Por su parte, la bancada del Pro que conduce Cristian Ritondo, a pesar de las diferencias que mantiene con el oficialismo, respaldó la medida. “La temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”
La Ley 26.122 que el Congreso sancionó en el 2006 establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por 16 miembros, ocho por cada Cámara, cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Es por eso por lo que la oposición solicitó su integración y de esta manera ponerse a trabajar en el análisis del DNU para luego expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.
Y si la comisión no se expidió, vencido el plazo de los diez días las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto en los recintos. Para ello no hace falta la convocatoria formal del Poder Ejecutivo o la habilitación del tema en las próximas sesiones extraordinarias. Las cámaras solo podrán tratar el rechazo o la aprobación del DNU, no podrán modificarlo o enmendarlo, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. El DNU para que sea rechazado lo deberá ser por ambas Cámaras del Congreso.
La norma en su artículo 17 deja establecido que el DNU tiene plena vigencia mientras no exista un pronunciamiento del Parlamento.
El Congreso aguarda una nueva convocatoria para el próximo 2 de febrero. El temario incluiría los proyectos de Modernización Laboral y cambios a la Ley de Glaciares, los dos con dictámenes y en agenda para sesionar el 11 de febrero. También se sumarían los cambios al Código Penal, como parte de las reformas que Javier Milei impulsa en el debate legislativo.
De ninguna manera el decreto de convocatoria que habilite las sesiones extraordinarias incluirá el tratamiento del DNU por el cual se cambió la Ley de Inteligencia Nacional.
La oposición si quiere ir contra el DNU 941/2025 tendrá que juntar quorum -129 en Diputados y 37 en el Senado – para abrir el recinto. Luego construir mayorías para imponer su criterio en el debate. El oficialismo parte de un bloque de 95 diputados, mientras que la oposición cuenta con 93 de UxP, 22 del interbloque Unidos, cuatro del Frente de Izquierda. Con esas bases cada sector buscará mayorías para sostener o rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencias.
El 21 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 656/2024 por el cual se dispuso una asignación adicional del Presupuesto de cien mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), “para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”, argumentó el Gobierno. La votación fue 156 votos a favor, 52 en contra y seis abstenciones.
Un mes después lo mismo hizo el Senado y fue la primera vez en la historia que el Congreso le rechazó este instrumento a un presidente.
