El Ministerio de Economía difundirá este lunes los resultados fiscales correspondientes a octubre, una cifra determinante para evaluar las posibilidades reales del Gobierno nacional de alcanzar el objetivo de superávit primario de $16,2 billones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cierre de 2026. Con márgenes cada vez más estrechos tras el superávit de $1,4 billones obtenido en septiembre —que elevó el acumulado de los primeros nueve meses del año a $13,7 billones—, las cuentas públicas requieren sumar un saldo positivo de $2,5 billones en el último trimestre.
El principal desafío para cumplir ese compromiso radica en el comportamiento estacional de diciembre, un mes que históricamente arroja rojo en las cuentas estatales. En diciembre de 2025, el déficit primario ascendió a $2,87 billones, monto que actualizado por inflación a valores de septiembre equivale a $3,83 billones. Aun si este año ese rojo estacional lograra reducirse a la mitad como estiman algunos analistas privados, el Ejecutivo necesitaría acumular un superávit cercano a los $4 billones entre octubre y noviembre para llegar con holgura al cierre del ejercicio.
De cara a esa exigencia, las estimaciones elaboradas por especialistas privados a partir de la ejecución presupuestaria anticipan una fuerte contracción de las erogaciones en el décimo mes del año. Según esos cálculos, el gasto primario base caja de la Administración Pública Nacional (APN) —que comprende a la administración central y los organismos descentralizados y de la seguridad social, aunque excluye a las empresas públicas y fondos fiduciarios que sí integran el Sector Público Nacional auditado por el FMI— retrocedió un 9,7% real interanual en octubre, ubicándose en $12,31 billones. De este modo, el gasto acumulado entre enero y octubre totalizó $112,37 billones, con una caída real del 4,2% frente a igual lapso del año pasado.
El recorte aplicado en octubre abarcó a los nueve rubros principales del gasto primario pagado, sin que ninguno registrara subas reales. El mayor peso del ajuste recayó sobre las provincias y las casas de altos estudios: las transferencias corrientes a las jurisdicciones subnacionales se desplomaron un 71,2%, las transferencias de capital a provincias retrocedieron un 60,8% y los envíos corrientes a universidades nacionales cayeron un 46,8%.
En un segundo orden de magnitud se ubicaron las bajas en las transferencias corrientes a empresas estatales, fondos fiduciarios y otros entes públicos (-14,6%), la inversión real directa (-13,7%), las transferencias corrientes al sector privado (-11,2%) y las remuneraciones (-10,6%). En contraste, las erogaciones destinadas a bienes y servicios (-0,6%) y al pago de jubilaciones y pensiones (-0,1%) exhibieron variaciones prácticamente neutras en la comparación interanual.
Mientras se aguarda la publicación del informe técnico del personal del FMI correspondiente a la última revisión del programa, persiste además la expectativa sobre una eventual recalibración de los objetivos nominales. Aunque el Gobierno ratificó el compromiso de sostener la meta indicativa de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), el recorte en las proyecciones de crecimiento económico del país abre la posibilidad de que el organismo internacional ajuste la meta cuantitativa en pesos, que constituye el parámetro central de evaluación del acuerdo.









