Ante la presión ejercida por las pymes y los gobernadores, el oficialismo ha incorporado cambios en la sección dedicada al biodiésel para acercar posiciones con los bloques provinciales. Sin embargo, el borrador aún carece de carácter oficial y no cuenta con las firmas necesarias para transformarse en un dictamen.
El corte de biodiésel se mantendría inicialmente en un 7,5%, aumentando al 10% doce meses después de la implementación de la ley. En la fase inicial, las empresas no integradas continuarían dominando el mercado obligatorio en su totalidad. Cuando se alcance el 10% de corte, estas compañías tendrían asegurado un 6,5% del mercado hasta fines de 2028, con una reducción gradual a un 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031. Paralelamente, el segmento de libre negociación, disponible para grandes aceiteras integradas, aumentaría del 3,5% al 7%.
Este ajuste es considerado una mejora con respecto a la versión anterior, que otorgaba a las empresas no integradas un 5% al inicio de la apertura. El nuevo texto contempla un año adicional de transición y eleva los porcentajes para las primeras etapas. Asimismo, establece que ninguna empresa o grupo económico pueda concentrar más del 14% del segmento reservado.
Representantes de las pymes ven estas modificaciones como un intento del oficialismo de acercarse a sus aliados provinciales, especialmente a Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería y referente del gobernador salteño Gustavo Sáenz. Sin embargo, opinan que los cambios solo postergan el problema, dado que se mantiene la reducción progresiva de la participación protegida. Para el sector, el marco continúa representando un “cronograma de extinción”: al finalizar la transición, las plantas deberán competir con las grandes aceiteras integradas o pasarán a un segmento marginal.
Algunos senadores abogan para que el cupo del 3% se mantenga después de 2031, aunque las empresas lo consideran una solución insuficiente. Según estimaciones del sector, si actualmente funcionan 25 plantas con el 7,5%, una reserva del 3% permitiría sostener apenas entre ocho y nueve.
El oficialismo intenta evitar que el conflicto por el biodiésel empañe el acuerdo alcanzado sobre el bioetanol, demanda fundamentalmente de los gobernadores del Norte Grande. Bullrich reconoció la existencia de una lucha entre “las integradas y las no integradas” e introdujo modificaciones, pero no consideró necesario dividir ambos proyectos (biodiésel y bioetanol), ya que se perciben como complementarios. Aún así, se muestra abierta a la posibilidad de separación: “Cualquier cosa lo separás”, dijo una fuente anónima.
Existen mayores consensos en torno al bioetanol, donde el corte en las naftas podría pasar del 12% al 15%, con un 6% reservado para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% proveniente del maíz, y tres puntos adicionales a la competencia libre. Este esquema es particularmente significativo para Tucumán, Salta y Jujuy, ya que impulsa la actividad de ingenios, destilerías y cadenas de proveedores. También representa una oportunidad para las provincias productoras de maíz, aunque el volumen adicional no está asignado a una materia prima específica.
Los representantes de estas provincias han manifestado que no están dispuestos a postergar nuevamente la reforma debido a las diferencias en el mercado del biodiésel. Por esta razón, algunos legisladores sugieren la posibilidad de separar ambos capítulos y avanzar primero con el bioetanol.
La senadora jujeña Carolina Moisés expuso el reclamo provincial: “Apostar por el bioetanol es potenciar el Norte Grande, generar empleo y consolidar el desarrollo agroindustrial que el país necesita”.
No obstante, fuentes cercanas al bloque Convicción Federal han señalado que el borrador que circula no incorpora todos los cambios solicitados durante las negociaciones y han cuestionado la existencia de distintas versiones sin el apoyo de los bloques involucrados.
Previo al debate, representantes de las pymes bonaerenses que pertenecen a CEPREB se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para solicitar que la provincia se oponga al proyecto de Bullrich. Buenos Aires alberga diez plantas ubicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo, con una producción anual superior a 345.000 toneladas, valorada en más de 400 millones de dólares, sosteniendo alrededor de 3.500 empleos y la actividad de 96 extrusoras de soja.
Kicillof se comprometió a defender la continuidad de las empresas y a presentar el reclamo ante otros gobernadores y espacios políticos. Las pymes argumentan que este conflicto va más allá del mantenimiento de un cupo, dado que el aceite de soja representa aproximadamente el 80% del costo del biodiésel y está controlado por los mismos grupos integrados con los que deberían competir.
A esta disparidad se suma la distancia. Mientras que las grandes aceiteras están ubicadas cerca de la materia prima y los puertos del Gran Rosario, las plantas regionales deben enfrentar largos recorridos de transporte.
Desde CEPREB proponen elevar el corte al 12,5% y reservar cinco puntos para las pymes regionales, considerando que prolongar la transición hasta 2031 no eliminaría esta desventaja y advirtiendo que, sin un segmento permanente, la apertura podría concentrar la producción en seis grandes aceiteras.
