De un lado, se presenta un consorcio conformado por más de 1.000 acreedores que exige anular la quiebra y destituir al juez. Del otro, Gustavo Scaglione, propietario de Fidulac S.A. y potencial comprador, que ha impugnado el pliego de licitación ratificado el 11 de junio. También se encuentra un síndico disidente que ha denunciado ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al magistrado por supuestas irregularidades en la supervisión del proceso concursal.
El corazón de la disputa radica en determinar si los activos de SanCor —seis plantas industriales y diversas marcas— deben ser vendidos de manera individual o como un bloque económico. El juez Marcelo Gelcich, al frente del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, aprobó un pliego que segmenta los bienes en siete lotes diferenciados, con un precio mínimo total establecido en USD 52,1 millones. Esta decisión, tomada el 11 de junio de 2026, se convirtió en la chispa del conflicto legal.
Las instalaciones fueron valuadas conjuntamente en USD 27,4 millones, mientras que el paquete de marcas acumula USD 24,7 millones, distribuyéndose en USD 18,7 millones para la marca principal y USD 6 millones para submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Entre los posibles compradores de parte o de la totalidad de los activos se encuentran Savencia, que posee la marca Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; además de Punta del Agua, Elcor, con la marca La Tonadita, y La Tarantela. Todas estas empresas, ya habían comenzado conversaciones con SanCor cuando comenzaron a surgir rumores de quiebra el año anterior. Este contacto se remonta al menos a noviembre de 2025, cuando el juez convocó a los acreedores a presentar propuestas concretas para revitalizar la cooperativa. Scaglione había planteado en dos ocasiones un plan para rescatar a SanCor, incluso antes de la quiebra; en ambos intentos, sin éxito.
Paralelamente, mientras los conflictos se litigaban en los tribunales, la semana anterior se produjeron desvinculaciones de 736 de los 914 empleados que tenía SanCor al inicio del proceso. Esta cifra surge tras excluir los 178 puestos que el gremio y el juez acordaron mantener para operar las seis plantas que todavía funcionan. La compañía permanece paralizada desde que el juez firmó la quiebra a mediados de abril, y los salarios están siendo abonados de manera irregular. El gremio lácteo Atilra también se ha manifestado en contra de la situación judicial y aboga por una venta total de la empresa.
El recurso de revocación presentado la semana pasada por los abogados de Scaglione desafía el sistema de liquidación en su esencia. El escrito, respaldado por el abogado Leandro Salvatierra, argumenta que el pliego aprobado “permite la enajenación separada de las marcas respecto de las plantas industriales”, lo que, según indica la presentación, resultaría en una destrucción de valor en lugar de maximizarlo.
El argumento principal es de índole económica: el valor de SanCor no reside en sus plantas ni en sus marcas de manera aislada, sino en la integración entre ambas. Una planta láctea sin las marcas bajo las cuales ha procesado y comercializado sus productos históricamente se convierte en un conjunto de instalaciones y maquinaria cuya futura explotación dependería de una inversión adicional y de un posicionamiento comercial que tendría que construirse desde cero. Inversamente, quien adquiera las marcas no está obligado a seguir operando en las instalaciones de SanCor.
La presentación también cuestiona la legalidad del procedimiento. La Ley de Concursos y Quiebras establece, en su artículo 204, que la primera opción para la liquidación de activos en una quiebra debe ser la venta como unidad del negocio. La fragmentación en lotes es una alternativa secundaria que requiere justificación. Según Fidulac, la resolución judicial no incluye ningún análisis que explique por qué se desestimó la venta integral, ni una valuación comparativa que respalde que la suma de las partes supera o iguala el valor de conjunto.
Además, surge una controversia específica relacionada con la planta de Sunchales. El tasador oficial, ingeniero Pablo Bacchetta, había estimado su valor en USD 3 millones. Sin embargo, tras un incendio ocurrido el 7 de junio, la sindicatura y la coadministración propusieron una disminución del 20%, lo que el juez aceptó, fijando así el valor en USD 2,4 millones. El recurso señala que entre el incidente y la evaluación pasaron menos de 24 horas y no se cuenta con un informe técnico que justifique esa reducción ni que detalle los bienes que resultaron dañados o inutilizados.
Otro aspecto del recurso se refiere al proceso que precedió al pliego: los acreedores no tuvieron acceso a las tasaciones que fundamentaron los valores mínimos. Esa información fue alojada en un “Data Room” con acceso limitado, cuyo ingreso requiere un pago de USD 10.000, la misma suma que deben abonar quienes deseen participar como oferentes. Para Fidulac, esta situación impidió que los acreedores ejercieran el control que la ley les garantiza sobre las decisiones que inciden en el patrimonio destinado a saldar sus deudas.
Mientras Scaglione continua su litigio en el expediente principal, emergió una segunda línea de ataque desde el propio proceso concursal. Un miembro de la sindicatura plural designada para la quiebra —denominado en los documentos como síndico “disidente”— presentó ante la Corte Suprema de Santa Fe una denuncia por irregularidades institucionales contra el juez Gelcich.
La denuncia describe un patrón en el proceder del magistrado que, según se alega, ha configurado un esquema para despojar a la sindicatura de su control independiente y concentrar las funciones estratégicas del proceso en una coadministración que él mismo creó. La contadora Lucila Inés Prono fue nombrada coadministradora directamente por el juez, lo cual eludió el sorteo obligatorio del registro de la Corte. Lo que inicialmente se concibió como un órgano auxiliar para acompañar a la sindicatura ante la reticencia de la empresa a brindar información, terminó, según se argumenta en la denuncia, absorbiendo funciones que son exclusivas de los síndicos.
La división interna de la sindicatura plural es uno de los ejes centrales del documento. Mientras dos de sus miembros —identificados como Epstein y Tomat— mantuvieron una postura de control estricta, el tercero, Ignacio Pacheco Huber, se alineó con las directrices del juzgado y de la coadministradora. La renuncia de Tomat dejó un vacío que no se cubrió por sorteo, como exige la ley, lo que resultó en una sindicatura reducida mientras que la coadministración conservó amplias facultades.
La denuncia también resalta episodios específicos. En el incidente conocido como “Hypred”, desaparecieron 24.640 kilogramos de queso resguardados judicialmente como garantía, con un valor estimado en al menos USD 209.440. Según el texto de la denuncia, en lugar de investigar el destino de este dinero, el juez desestimó la denuncia y sancionó a los síndicos que la habían formulado por considerarlos “negligentes”. En otro caso, el síndico disidente fue amonestado con una “falta grave” por presentar el informe físico de seis plantas industriales, distribuidas en dos provincias, un día después del plazo estipulado, debido a problemas logísticos.
El denunciante sostiene que esta metodología —con plazos inalcanzables seguidos de sanciones— fue el mecanismo sistemático utilizado para transferir responsabilidades hacia la coadministración y marginar el control independiente. El síndico fue excluido del proceso de elaboración del pliego de licitación y solo recibió el documento para su revisión con 24 horas de anticipación. La denuncia presentada ante la Corte demanda una investigación urgente, medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y la posibilidad de un sumario administrativo contra el juez.
Un tercer actor en este conflicto es el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, liderado por el abogado Aldo Regali, que representa a un consorcio de 1.066 acreedores de SanCor, que incluye productores de leche, proveedores, extrabajadores activos y exempleados que formaron parte del programa de Retiro Voluntario Anticipado.
Este consorcio ha presentado una apelación contra la venta de los activos, exige anular la quiebra y solicita que se considere su propio plan de rescate para la cooperativa. La presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe también busca promover un juicio político contra el juez Gelcich por las irregularidades alegadas en el manejo del concurso.
La objeción que plantea este grupo se alinea con la de Fidulac: la oposición a que los activos sean vendidos de manera fragmentada. Para los productores y proveedores que conforman el consorcio, la desintegración del patrimonio de SanCor disminuye la probabilidad de que alguien asuma la operación de las plantas como unidades productivas, lo que directamente afectaría sus posibilidades de recuperar sus deudas.
La quiebra de SanCor se formalizó el 22 de abril de este año por la decisión del propio juez Gelcich, quien la calificó como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. La cooperativa acumula una deuda superior a los USD 120 millones, alrededor de 300 pedidos de quiebra y un concurso preventivo que comenzó en febrero de 2025, el cual no logró revertir la situación. De las 14 plantas operativas en su periodo de mayor expansión, actualmente mantiene seis, con una producción significativamente inferior a su capacidad instalada.
