En ese momento, la prensa está confinada en la sala Roberto Di Sandro, ubicada en el primer piso, donde continúan las restricciones a pesar de que la Justicia ya desestimó la denuncia por espionaje presentada contra dos reporteros de TN, que según el presidente, originó las nuevas medidas. Desde el 23 de abril, cuando Javier Milei decretó el cierre, el ejercicio del periodismo ha quedado comprometido en la Casa Rosada, dejando atrás la dinámica habitual.
El 3 de mayo, el sector se reabrió, pero a dos semanas del restablecimiento, las tareas siguen limitadas. La vigilancia de la Casa Militar es tan rigurosa que incluso dificulta las conversaciones telefónicas, dado que el acceso a fuentes de información se ha restringido, ya que en las áreas habilitadas no circulan funcionarios relevantes. Es obligatorio llevar visible la credencial, mientras que hay recordatorios constantes al respecto.
Los horarios de operación de la sala son determinados por el propio Gobierno, que se adueñó de la llave que anteriormente era manejada por los periodistas. A pesar de que las temperaturas están por debajo de diez grados, la calefacción en el área donde trabajan los acreditados está fuera de servicio desde hace un año, sin que se ofrezca una solución. Para acceder al comedor, los periodistas deben pasar por un camino restringido, diseñado exclusivamente para ellos. Paralelamente, Milei insiste en fomentar el odio hacia el 95% de la cobertura mediática y ha intensificado sus ataques durante recientes transmisiones en vivo.
El presidente argumentó que el cierre de la sala y las posteriores medidas fueron respuestas a la decisión de los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de entrar con cámaras inteligentes, grabar los pasillos y transmitirlo en vivo. El Gobierno, a través de la Casa Militar, presentó denuncias por espionaje y repitió esta narrativa con el presidente como figura principal mediante sus funcionarios en los medios y en redes sociales, alegando que se comprometía la seguridad nacional.
Sin embargo, el juez Ariel Lijo, quien había sido propuesto por este gobierno para la Corte Suprema por su “experiencia” y “conocimiento del sistema de Justicia”, desestimó este miércoles la denuncia. Lijo afirmó que en las grabaciones no se identificó información que permitiera “incluso presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación” y que no se crearon las condiciones para “revelar secretos” sobre el Gobierno. Así, descartó la posibilidad de un delito.
